Frente a las iniciativas del gobierno para reformar el sistema judicial, la dirigente Vilma Ripoll (MST en Proyecto Sur) señaló: “En nombre de la democratización el gobierno kirchnerista no sólo quiere una justicia adicta, limita el derecho al amparo sino que también recorta el derecho a huelga de los trabajadores de servicios públicos. En el Art. 17 (Ley de Cautelares) el Estado puede dictar una medida cautelar para obligar a prestar ‘servicios esenciales’ (educación, salud transporte, justicia) ante una simple amenaza de suspensión de tareas.”